Por: Juliana Alvarado
Durante cuatro años consecutivos, la Iglesia en Colombia ha sido objeto de ataques, profanaciones, burlas y agresiones que atentan contra la libertad religiosa y la dignidad humana.
Como jurista y católica, no puedo permanecer indiferente ante un fenómeno que, más allá de lo teológico, constituye una amenaza al Estado Social de Derecho. La libertad de culto, consagrada en el artículo 19 de nuestra Constitución y desarrollada en los artículos 201 a 203 del Código Penal, protege formalmente las expresiones de fe. Sin embargo, la práctica demuestra que esa protección es hoy insuficiente frente al hostigamiento sistemático, la estigmatización y la violencia que padecen los creyentes.
Por ello, propongo que Colombia reconozca jurídicamente la cristianofobia como delito autónomo de odio religioso. No se trata de privilegios, sino de justicia. Tipificarla permitiría sancionar conductas que exceden la mera diferencia de opinión: la destrucción de templos, las amenazas a sacerdotes y fieles, la ridiculización pública de símbolos sagrados y la discriminación institucional hacia quienes profesan la fe cristiana.
La fe no puede ser objeto de persecución disfrazada de tolerancia. En un Estado que se proclama pluralista, proteger la libertad religiosa no es un favor a la Iglesia: es una obligación constitucional y un acto mínimo de coherencia con la dignidad humana.
No basta con decir que “la ley ya existe”. La realidad demuestra que la norma no alcanza a contener el odio cuando se disfraza de discurso o indiferencia. Ha llegado la hora de elevar este debate a la altura de la justicia, para que la fe —como toda convicción legítima— tenga amparo real frente a la agresión.
