¿Crisis inducida?

Por: Paloma Valencia

 Estamos ante una crisis económica. En el primer trimestre del año el sector privado decreció -0,1%. En lo corrido del 2024, han cerrado más de 228 mil empresas. La reforma tributaria de Petro, que les quitó a los empresarios cerca de 17 billones, sumada a la incertidumbre política y fiscal, resultó en un decrecimiento de la inversión del -13%, una de las peores cifras en América Latina. 

La carestía de los alimentos por inflación hay que sumarle la decisión de imponerle impuestos bajo el nombre de saludables a productos que consumen muchos ciudadanos: Fenalco reveló que el impuesto saludable redujo las ventas en tiendas de barrio entre el 10% y 15%. La confianza industrial en abril fue de -3,4.

 También están los impuestos absolutamente absurdos como la sobretasa de renta que Petro le puso a las hidroeléctricas en pleno inicio del fenómeno del Niño. Además, el aumento del impuesto a la producción de energía con fuentes no convencionales como la eólica y la solar, que terminaron pagando más que el carbón. Luego siguió la destrucción del sector constructor, uno de los mayores apalancadores de la economía. El gobierno destruyó el programa de “Mi Casa Ya”, llevando a una caída en las ventas de viviendas de interés social en el primer trimestre del -15%, en los lanzamientos de nuevas viviendas de -35,6%, y en las iniciaciones de proyectos de -19,9%.

 Según Fedesarrollo, por cada peso invertido en obras civiles se produce un aumento de 2,25 pesos en la producción nacional, 2,46 en salarios y 4,9 en impuestos. El gobierno nacional también deterioró la confianza en este sector al amenazar con no pagar más las inversiones de infraestructura de 4G. Esto se sumó al congelamiento arbitrario de los valores de peajes en Colombia; el Estado tendrá que enfrentar demandas. 

 Para el mes de marzo, de los doce sectores económicos del país, siete estaban decreciendo: agricultura, minas, manufactura, construcción, comercio, comunicaciones, actividades profesionales.     

El recaudo de la DIAN también viene en picada. En lo corrido del año, la caída es del 4,4%. Los colombianos no tienen cómo pagar más impuestos. El gobierno estimaba un crecimiento económico que no se va a dar. Ahora viene el nuevo Estatuto Aduanero, que no está permitiendo importar a los empresarios. Las exportaciones de Colombia en el último año han caído un -10%, y las importaciones un -18%.  

 El exdirector de la DIAN y ahora Ministro de Comercio habría afirmado que entre los ingresos del Estado para este 2024 se tendrían 11 billones de pesos por litigios. Esto resultó ser equivocado y ahora presenta un hueco para la Nación.   

 Para el primer trimestre del 2024, el déficit fiscal del gobierno fue del 1,2% del PIB (más alto que el de 2023 y 2022). Este año se romperá la regla fiscal si no se hace un recorte del gasto de 26 billones de pesos, según ANIF. Otros estiman que debe ser hasta de 48 billones. El gobierno prepara un nuevo proyecto de ley para flexibilizar la regla fiscal. 

 Los resultados conocidos de la economía a veces son contraintuitivos, y el gobierno los ignoró. Ahora todos sufriremos las consecuencias. Más impuestos no es más recaudo. Más Estado no es más empleo. Sin seguridad jurídica, sin capacidad de entender las decisiones del gobierno, nadie invierte. Sin inversión no hay crecimiento y, entonces, hay más pobreza. 

 Nos quedan dos largos años de este gobierno. Ojalá empiecen a entender que la demagogia trae consecuencias; necesitamos decisiones técnicas que se encaminen en la resolución de problemas complejos.

Salir de la versión móvil