Por: Jorge Cárdenas
Profunda indagación causó esta semana en el país el crimen atroz de la violación de una niña embera de 13 años por parte de 7 integrantes del Ejercito Nacional.
La misma indignación que debería causar un acto tan reprochable en contra de cualquier menor en el país y en el mundo. Un acto salvaje que no debería existir en contra de los más vulnerables y que merece el mayor castigo posible de manera tal que quienes alguna vez traten de cometerlo lo piensen más de una vez o se sometan a las consecuencias.
Precisamente por eso se aprobó en el Senado de la república la cadena perpetua para violadores de menores de edad. Una iniciativa que llevaba años debatiéndose y que era impulsada por quienes han sido victimas de semejantes vejámenes.
Un país que ha vivido un conflicto armado que parece no tener fin en donde hay tantos actores que abusan del poder de las armas para cometer cualquier cantidad de atrocidades contra toda la ciudadanía pero que se encarnizan con sevicia con quienes menos se pueden defender.
Los grupos narcoterroristas, como las FARC y el ELN, han tenido como practica sistemática el reclutamiento forzado de menores de quienes abusan sexualmente sin importar edad ni sexo. Han acabado con la inocencia de miles de niñas y niños que, en lugar de estar en un aula de clases o jugando en cualquier rincón, se ven sometidos a la violencia de empuñar un arma contra otro ciudadano que nada les ha hecho bajo el temor de perder su propia vida si se reúsan a hacerlo. Niñas y niños que antes de siquiera sentir el efecto de sus hormonas en la adolescencia ya han tenido relaciones sexuales de todo tipo producto del abuso y el terror.
Muchos de los comandantes de esos grupos ilegales, de mayor o menor rango, abusando del poder de un fusil han forzado a niños a ser sodomizados para complacer sus aberradas tendencias.
Miles de niñas con edad para jugar a las muñecas que son forzadas a abortar hijos producto de la violación de muchos de sus superiores con la alocada justificación de estar “colaborando con la causa”. Una causa sádica y perversa que tiene de todo menos de reivindicativa de ningún derecho porque entre las filas terroristas no existen los derechos humanos.
Ver y leer los testimonios de victimas, como las de la Corporación Rosa Blanca u otras, rompen el alma de dolor de tan solo imaginar lo que pudieron haber vivido.
Precisamente para acabar con esas atrocidades un grupo de Senadores y Representantes, reflejando el clamor de miles de colombianos que pedíamos justicia para esas victimas, lucharon incansablemente para lograr la aprobación de una ley que aplique un castigo ejemplar a esos criminales.
Sorprendió ver la oposición de muchos a que esa ley fuera aprobada con pretextos tan estúpidos como el de que “Era perjudicial para los menores” o que iba a beneficiar a criminales condenados por estos crímenes como Garavito o Uribe Noguera. Su verdadera motivación, creo yo, era evitar que pudiera existir una condena para comandantes de las FARC favorecidos con el esperpento de la mal llamada paz de Santos o previendo que en el futuro cómplices suyos, acostumbrados a este tipo de delitos, se vieran enfrentados a esta pena.
Paradójicamente esos mismos que se oponían a la aprobación de la ley celebraron el crimen y la entrega ante la justicia de los militares responsables de la violación de la menor indígena. Parecían niños desafiando un triunfo que solo estaba en su cabeza porque lo que ellos no entienden es que quienes apoyamos la ley no lo hacíamos pensando en el castigo a los criminales de los grupos narcoterroristas únicamente sino a todo aquel que cometa semejante aberración sin importar partido, condición social, sexo, raza o credo.
Ese tipo de políticos que creen que las leyes hay que hacerlas a la medida de sus intereses son los responsables de la pobreza legal de nuestro país, de la laxitud en las normas y de la falta de fortaleza de los responsables de hacerlas cumplir.
Nuestro Ejército Nacional está lleno de héroes dispuestos a entregar su vida por proteger las de los demás. Han sido hombres y mujeres que han sacrificado todo por el bien común y son mas de 300.000 valientes que no se pueden siquiera comparar con quienes han deshonrado la institución y que merecen recibir el mismo castigo que los criminales a quienes juraron perseguir.
Les digo a esos pseudo-lideres irresponsables que no deben confundirse pensando que porque ellos comulgan con criminales entonces todos los colombianos también lo hacemos. Ni por un segundo piensen que porque ellos, por su conveniencia, ahora posan junto a hampones reconocidos con quienes ya compartían a la sombra y ahora en lo hacen público, entonces los colombianos de bien aplaudimos sus acciones.
El asunto real (y que ojalá los votantes tomaran en cuenta) es que para esos politiqueros lo deplorable no es el delito que se cometió sino quien fue el delincuente. La gravedad del asunto no radica en el crimen cometido sino en quién fue el criminal. Porque si fue alguien de sus afectos e intereses entonces el crimen no es crimen, es persecución política. Si el delincuente hace parte de su facción, sus pecados son perdonados automáticamente.
A cuanto grupo delincuencial, amparado por alguna bandera política mentirosa y amañada, le arman acuerdos de paz y los indultan, les dan amnistía y, en el caso de la última atrocidad en esa línea, les dan curules sin necesidad de que el voto popular las respalde.
Cada vez se confirma con mayor fuerza en nuestro país que si usted roba mucho o mata mucho le va mejor que al que roba por necesidad o mata por equivocación.
El castigo ante cualquier crimen debe ser el mismo sin importar quien lo cometa y la vergüenza no debe hacer distingos. Solo así podremos llegar a tener una sociedad más justa.
Tampoco deben prosperar la mentira, la calumnia, los falsos testigos ni las acusaciones por anónimos y sin pruebas mientras que a otros se le perdonan sus crímenes aún cuando las pruebas los señalen porque, de lo contrario, lo sucedido con Santrich, por ejemplo, será la constante que se repita a diario.