La reunión bilateral entre los gobiernos de Juan Manuel Santos y del gobierno de Ecuador en cabeza del presidente Lenin Moreno tiene un punto incomodo para Colombia que aunque no está en la agenda oficial es de obligatorio repaso: el secuestro del ciudadano ecuatoriano Fernando Balda, otro de los apuñalados por el oportunismo político del presidente Juan Manuel Santos. Su historia encarna lo peor de la traición propia de la lucha por el poder, que en palabras de Santos ‘saca lo peor del ser humano’.
En el año 2008, cuando el entonces ministro de Defensa tenía encima una orden de captura internacional por ordenar el bombaerdeo contra el abatido terrorista Luis Édgar Devia “Raúl Reyes” en territorio Ecuatoriano, se le apareció un aliado que lo defendió a capa y espada y logró sacar adelante el proceso a su favor: el asambleísta opositor y abogado Fernando Balda.
El jurista asumió la defensa del ministro Santos ante los tribunales internacionales, argumentó la legitimidad del bombardeo en un campamento guerrillero en Angostura Ecuador y lo sacó libre de toda culpa con la ayuda de un grupo de profesionales que puso a su servicio. Fue una feroz defensa que traería consecuencias nefastas para la carrera política y la vida de Fernando Balda y de su familia. Producto de su apoyo a Santos se convirtió en un perseguido político y objetivo militar del presidente Rafael Correa.
A finales de 2009 Fernando Balda terminó asilado en Colombia con la ayuda del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Llegó con sus esposa Vanesa Castelo y sus hijos e inició una vida lejos de su país, buscando un refugio ante los ataques de Correa y su gobierno y denunciando los abusos contra los opositores y los medios de comunicación.
Pero la suerte le duró poco y con el nuevo escenario político, ya a finales de 2010 con Juan Manuel Santos en la Presidencia y sus nuevos amigos en el hemisferio, el bloque socialista de Hugo Chavez, Evo Morales, Rafael Correa y las Farc, su antiguo ángel guardián dejó de ser su amigo. En ese momento Balda, como muchos en Colombia, conoció la verdadera cara de Juan Manuel Santos. Nunca más volvió a atenderlo y se quedó solo con el apoyo de los sectores de derecha que apreciaron su valor a la hora de defender a Santos y los resultados de la política de la Seguridad Democrática del gobierno Uribe.
Sus denuncias y su presencia en Colombia seguían siendo una piedra en el zapato para Correa. Su régimen no dudó en ordenar una operación de inteligencia para lograr sacar a Balda de territorio colombiano y llevarlo de nuevo a Ecuador.
El 5 de julio de 2012 varias personas disfrazadas de policías lo abordaron en un taxi y lo llevaron a migración para lograr su deportación, pero Balda quedó en libertad a las pocas horas. El hecho se repitió dos meses más tarde, también en Bogotá. El 13 de agosto del mismo año varios hombres lo abordaron y lo subieron a la fuerza en un vehículo cuando se movía por el barrio cedritos. Los taxistas se percataron, anunciaron a sus compañeros y a las autoridades y se dio una persecución de película en toda la autopista norte. Cuando estaban acorralados, los secuestradores abandonaron a Balda y a la camioneta a la salida de Bogotá.
La investigación de la fiscalía en Colombia determinó que agentes ecuatorianos secuestraron a Balda con la intención de llevárselo a Ecuador. El primer señalado es Luis Chicaiza. Se trata de un oficial activo de la inteligencia de Ecuador que viajó a Colombia en los días en que Balda fue secuestrado por segunda vez. Su firma aparece registrada en la compañía de alquiler de vehículos donde se alquiló la camioneta en la que fue secuestrado Balda.
Luis Chicaiza también apareció infiltrando una reunión que sostuvo Fernando Balda con el expresidente Álvaro Uribe. En mayo de 2012 Chicaiza se presentó como líder de una ONG ecuatoriana y se hizo invitar a una reunión con el expresidente Uribe en Río Negro, Antioquia.
Muchas otras evidencias comprometen a Luis Chicaiza por lo que es el primer señalado por el propio Balda de estar detrás de la persecución y los dos secuestros en su contra en Bogotá.
Santos nunca volvió a escuchar los llamados de auxilio de Balda y el 10 de octubre de 2012 dos meses después de haber sido objeto de dos intentos de secuestro coordinados por la inteligencia de Ecuador el presidente Juan Manuel Santos ordenó su deportación la de sus tres hijos, la menor nacida en Colombia, argumentando que tenía que responder en su país por una denuncia de injuria interpuesta por un funcionario del gobierno de Correa.
Pasaron cinco años en que Fernando Balda vivió perseguido nuevamente sin que sus denuncias por secuestro fueran atendidas por las autoridades de Colombia y Ecuador. Finalmente la larga noche que vivió junto a su familia cuando su caso se reabrió con la llegada del nuevo presidente, Lenin Moreno. La ruptura de Moreno con Correa que llegó con la reivindicación de los derechos de la oposición y con la recapitulación de muchos procesos por crímenes de estado que estaban ganando polvo en la anterior Fiscalía de Ecuador en cabeza de Galo Chiriboga primo de Rafael Correa.
En el expediente en Colombia se determinó la responsabilidad de la banda que llevó a cabo el secuestro, tres hombres que fueron contratados en puerto tejada y que actualmente están cumpliendo condena de doce años de cárcel.
El actual fiscal de Ecuador Carlos Vaca ha estado en permanente contacto con la Fiscalía General en Colombia y le solicitó el expediente completo del caso Balda así como también tramitar la orden de captura a instancias de la Interpol de los tres ciudadanos ecuatorianos presuntamente responsables del secuestro de balda: Luis Raúl Chicaiza; Jorge Armando Espinoza y Diana Falcón.
La colaboración del gobierno y de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez es importante para que en Ecuador se pueda llegar a los verdaderos autores intelectuales que según le dijo Fernando Balda a El Expediente serían el exministro de justicia José Ricardo Serrano Salgado actual presidente de la Asamblea; el director de Inteligencia Rommy Mayo Vallejo y el Presidente de la República. Balda asegura que los viáticos de las personas que viajaron a Colombia para coordinar su secuestro fueron pagados por el gobierno ecuatoriano a través de la secretaria privada del entonces presidente María Luis Donoso, una clara cadena de mando que llega hasta el despacho de Rafael Correa y que salpica al presidente Juan Manuel Santos
