Por: Rafael Nieto Loaiza
A principios de la semana, la alcaldesa de Bogotá afirmó que «debemos mentalizarnos para estar en cuarentena por lo menos tres meses más” y, como si no fuera suficiente, agregó que debemos «prepararnos para apagar nuestra economía para que produzca solo lo básico”. López venía haciéndolo bastante mejor que lo que muchos preveían, pero en esta ocasión se le fueron las luces gravemente.
Primero, porque el único competente para decidir y anunciar la prolongación del confinamiento es el Presidente; segundo, porque en este momento no hay información suficiente para tomar semejante decisión; tercero, porque la declaración genera aún más angustia y temor en una población que tiene ya mucho miedo por cuenta de la infección y de las restricciones económicas por la pandemia; cuarto, porque la prolongación de la cuarentena general debe ser la última de las opciones, solo si no hay alternativa; finalmente, porque “apagar la economía” tendría un costo probablemente peor que el de la pandemia.
En efecto, el binomio combinado de la caída del precio del petróleo, nuestro principal producto de exportación, y de los efectos globales de la pandemia, generará un impacto brutal en la economía al que no deben agregársele costos aún mayores prolongando el confinamiento.
En el siglo XXI Colombia ha hecho un avance muy importante de reducción de la pobreza, tras dos décadas de crecimiento económico sostenido y de fortalecimiento de las redes de protección social. Los pobres pasaron de ser el 50 % del total en 1999 al 27 % en 2018 y la pobreza extrema bajó del 22 % al 7 %. También somos menos desiguales. El coeficiente Gini, el indicador que se usa para medir desigualdad en el ingreso, pasó del 0,60 en 1999 a 0,52 en 2018. En consecuencia, tenemos una clase media equivalente al 30 % de la población y, a partir del 2014, es mayor al total de pobres.
Hasta acá muy bien, pero presumo que el lector de esta columna no es pobre (un pobre no puede comprar un periódico). Y también que no sabe que en Colombia, según el director del Dane, «si una familia [de cuatro miembros] genera más de un millón de pesos ya no es pobre”. Vaya usted a saber cómo puede no ser pobre quien vive con $250.000 al mes, pero… El punto es que de los 22.4 millones de empleados que hay en el país solo el 12% gana más de dos salarios mínimos y el 47% recibe apenas un salario mínimo. Es decir, nuestra clase media, que ha crecido y mucho, es muy frágil, está pegada con babas. Y si se pierde el empleo casi con seguridad se cae en la pobreza.
Pues bien, como resultado de la crisis Fedesarrollo prevé que, en el mejor de los casos, la economía colombiana crecerá este año un 2.3% y, en el peor, entraremos en recesión y decreceremos un -0.4%. Si nos fuera muy bien, el desempleo saltaría del 10.5% al 13.3% y, en el escenario pesimista, al 19.5%. Cada punto equivale a 240 mil personas, es decir, perderán su empleo entre 672.000, como mínimo, y 2.160.000 personas. El grueso de ellos estará entre el 88% que gana dos salarios mínimos o menos, los más vulnerables. La mayoría caerá en la pobreza. Y muchos arrastrarán consigo a su núcleo familiar que, en nuestro país, es en promedio de cuatro personas.
Por otro lado, resalto que el 96% de las empresas en Colombia son mipymes y que el 80% de los trabajos provienen de ellas. Según JP Morgan, en Estados Unidos el 50% de las pyme puede “resistir” en promedio 27 días sin facturación. Sin liquidez el 25% se quiebra a los 13 días. Y solo el 25% aguanta más de 60. Números para un país rico con muy poca informalidad, facilidad para acceder al crédito bancario a tasas de interés muy bajitas y una carga fiscal mucho menor. En Colombia son muy pocas las mypimes que aguantarán una prolongación de la cuarentena general.
Ahora, si la crisis se aborda desde la informalidad el asunto es aún peor. Alrededor del 47,3% de los colombianos viven en la informalidad. Muchos al día. Son ciudadanos que si no salen a la calle no tienen para comer. Una tragedia. Y si, las ayudas sociales alivian algo, pero ni llegan a todos los que hoy las necesitan ni son suficientes ni si se pueden sostener en el tiempo.
Así que la propuesta de Claudia López es inviable. Parte de no entender que economía y vida y salud van de la mano, que no son dicotómicas, que si no mantenemos la economía no habrá con que pagar ni el sistema de salud ni las ayudas y alivios que hoy se dan, que la vida y la salud son muy difíciles sin una economía sana, que el aumento brutal del desempleo y la pobreza traerían aparejadas muchos problemas de inseguridad y agitación social, que una depresión económica trae hambre y también muerte.
De manera que la prolongación de la cuarentena general solo debe darse si los mejores epidemiólogos encuentran que es la única opción para evitar el colapso del sistema de salud, si al ponderar sus costos económicos son menores que los de las medidas alternativas, y después de desechar por excesivas en su impacto en la salud las herramientas graduales, escalonadas y proporcionales.
Al sábado, menos de noventa municipios, de los 1103 del país, presentaban casos de coronavirus. Más del 80% en capitales departamentales. No parece tener sentido mantener encerrado todo el país.
