Por: D´Mar Córdoba S
Es así de simple, aunque algunos sectores de la política, sobre todo los de extrema izquierda, no lo quieran admitir, porque han vivido del discurso de la paz desde hace más de ocho años, con las implicaciones que eso tiene, como la impunidad para los de las FARC que luego de 4 años de haber firmado la supuesta paz, no han pagado un día de cárcel por los crímenes de los que se les señala, o ¿dirán que estos que son los máximos jefes de ese grupo guerrillero son inocentes?
Lo que más sorprende, es que cuando estamos a un mes de empezar con la reanudación de la fumigación aérea para erradicar los cultivos de coca, de acuerdo con las reiteradas declaraciones del Ministro de la Defensa Diego Molano, se conoce de una carta por parte de siete relatores de la ONU, en la que le piden al Presidente Iván Duque no retomar aspersiones con glifosato.
A nuestro parecer, esto de la carta no es otra cosa que una clara violación a nuestra soberanía que debiera despertar una enérgica protesta por parte del Gobierno nacional, que no puede permitir que en medio de la emergencia por el creciente narcotráfico, haya organismos internacionales que se opongan a un mecanismo legitimo para disminuir los sembrados de coca.
Según se señala en la misiva, “la reanudación de este programa «atentaría contra el acuerdo de paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos».
Y la reflexión es apenas obvia, está demostrado con cifras, que donde hay más cultivos de coca, la violencia es creciente por la disputa de grupos terroristas y delincuenciales por el negocio y las rutas; pero parece que a los de la ONU no les interesa el asunto desde esa perspectiva.
De acuerdo con estudios de la misma ONU y de la Fundación Ideas para la Paz en 2020, “el 47% de los cultivos de coca en Colombia están en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), Zonas de Reserva Forestal de Ley 2ª, resguardos indígenas y tierras de comunidades negras”
Pero habrá que anotar que los cultivos en mayor cantidad siguen ubicados en Santander (33.598 hectáreas), Nariño (41.903), Cauca (17.117), Putumayo (26.408), Caquetá (11.762) y Antioquia con (13.403); espacios donde están ubicadas las FARC, por una parte las de Gentíl Duarte y por otra las de alias Iván Márquez, Santrich, el Paisa y Romaña.
Informes oficiales para 2020, ubican en 2.588 los hombres en armas de las FARC y 1.970 los que hacen parte de las redes de apoyo. Son 2.776 los de las FARC al mando de Gentíl Duarte y 797 los que están al servicio del firmante de la paz, alias Iván Márquez.
Según ha publicado la ONG Dejusticia, los relatores de la ONU son: —el de Sustancias Tóxicas, la de Afrodescendientes, el de Medio Ambiente, el de Derecho a la Alimentación, la de Derecho a la Salud, la de Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de Pueblos Indígenas—, quienes dirigieron esa carta que invade de manera grosera el poder del Presidente de la República y desconoce nuestra soberanía como nación autónoma para atacar un asunto de seguridad nacional como lo es la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con estos relatores la reanudación de la fumigación con glifosato “atentaría contra el Acuerdo de Paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos” ¿Entonces para estar con la Paz hay que mantener la coca y el narcotráfico?
Lo que más me llama la atención es que estos relatores, no digan nada de las 16 personas asesinadas en 2020, por minas antipersona y francotiradores, que eran soldados, policías y civiles que murieron mientras adelantaban labores de erradicación. Debe ser que para estos señores de la ONU, estas víctimas no tenían derechos humanos y por lo mismo no importa que se siga erradicando de manera manual causando más víctimas.
