Por: Luis Alfredo Ramos
Hubo una época en Colombia, en la cual los funcionarios públicos gozaban del respeto de los ciudadanos. Se consideraba un honor servir en condición de Alcalde, Personero, Síndico, para no hablar de los altos cargos del estado, donde ser Ministro, Gerente de Instituto y Asesor del Gobierno constituían de por sí reconocimiento a quien llegaba a esa posición.
Con el correr de los años, las cosas han cambiado sustancialmente. Hoy aceptar un cargo público o ser elegido para una alta posición, deja al funcionario en una situación precaria frente a todas sus responsabilidades.
Las últimas décadas han traído de la mano temas como la corrupción que se ha anclado en la administración pública, pero además con ingredientes peligrosos tales como la profusión de leyes, que la mayoría de servidores públicos jamás llegan a conocer.
Eso sí, los organismos de control y fiscalización, bien las conocen y cómo en el inmenso caudal de leyes existen normas para todo, ahí viene el viacrucis de los funcionarios públicos de todos los niveles.
¿Qué se puede exigir a un alcalde de sexta categoría para que cumpla con las decenas de miles de normas, cuando su presupuesto es tan escaso que no alcanza para conseguir un buen abogado que lo asesore en los temas legales?
Sabemos muy bien que la corrupción anda desenfrenada en todos los lados y que debe ser perseguida y sancionada con todo rigor.
Pero, en que quedan los funcionarios que por desconocimiento o ignorancia, al obrar de buena fe, llegan a sufrir las investigaciones y sanciones correspondientes.
Hoy podríamos decir sin temor que un inmenso porcentaje de funcionarios públicos son investigados y sancionados, muchos de ellos con razón. No obstante, hay un alto número que sufre la persecución y el escarnio , por razones políticas o como ya dijimos por no conocer la infinidad de normas que rigen el estado.
Cientos de alcaldes, decenas de gobernadores, miles de funcionarios, conforman la lista de implicados en todo tipo de investigaciones. Desde ese mismo momento, aún sin tener un fallo en contra, su nombre es presentado como si ya fuera un delincuente.
¡ Qué difícil es ser funcionario público en COLOMBIA.¡ Vemos con preocupación cómo miles de profesionales que pudieran prestar sus servicios a entidades públicas de distinto orden, rechazan de plano la posibilidad de hacerlo porque se corre un inmenso riesgo de salir envuelto, aún sin participar en investigaciones que muevan las entidades de control.
Es supremamente grave que muchas personas que pudieran ser útiles a la comunidad, se nieguen a ser funcionarios públicos, pues desde su nombramiento ya esta arriesgando su buen nombre y su patrimonio.
Por supuesto que por encima de todo esto, se ve la corrupción, asunto que no tiene excusa y que hace daño al erario público y a toda la comunidad. Hay que parar la corrupción porque este fenómeno es capaz de acabar con la democracia y con las libertades, como ha ocurrido en países vecinos, y al igual hay que preocuparnos porque profesionales de bien no quieran trabajar en el sector oficial.
