Por Paola Sánchez González
Colombia aprendió a dividirse antes de aprender a reconciliarse. No es una frase retórica: es un hecho histórico. Desde hace más de un siglo, el país se ha narrado y desangrado entre orillas ideológicas que se repelen con una fuerza casi genética. Izquierda, centro y derecha no han sido aquí simples corrientes de pensamiento, sino trincheras morales desde las cuales el otro no es adversario, sino enemigo.
No es un fenómeno exclusivamente colombiano, claro está. Europa lo vivió con crudeza en el siglo XX; América Latina lo ha padecido entre golpes, dictaduras y populismos; incluso las democracias más sólidas conviven con la tensión permanente entre gobierno y oposición.
La diferencia es que, en Colombia, la polarización no ha sido una etapa: ha sido una condición estructural.
Basta con retroceder algunas décadas.
El bipartidismo liberal–conservador, que marcó gran parte del siglo XX, no solo organizó la política, sino que organizó la violencia. La Guerra de los Mil Días, La Violencia de los años cuarenta y cincuenta, el Frente Nacional ese curioso pacto para turnarse el poder y silenciar al resto dejaron una lección que nunca terminamos de aprender: excluir políticamente también es una forma de guerra.
Luego llegaron las guerrillas, justificadas en la marginalidad política; después los paramilitares, legitimados por el miedo; más tarde el narcotráfico, financiando todos los bandos sin preguntar ideología. Y así, mientras el mundo avanzaba hacia debates sobre bienestar, innovación o derechos sociales, Colombia seguía discutiendo quién tenía derecho a gobernar… y quién merecía desaparecer.
Hoy, formalmente, somos una democracia plural. En el papel y en el tarjetón existen la izquierda, el centro y la derecha. Hay alternancia, oposición, control político. Todo parece funcionar. Pero basta con encender el televisor, abrir una red social o escuchar una sesión del Congreso para comprender que la política dejó de ser un medio para resolver problemas y se convirtió en un espectáculo de confrontación permanente.
Las guerras ya no se libran únicamente en el Catatumbo, el Cauca o el Chocó. Hoy también se libran en el Capitolio Nacional y, con especial ferocidad, en X, antes Twitter. Presidentes, ministros, congresistas y opositores redujeron el debate público a 280 caracteres, donde el argumento jurídico perdió frente al sarcasmo vulgar y donde gobernar parece menos importante que ganar el próximo round digital.
Paradójicamente, mientras el discurso oficial habla de “paz total”, el lenguaje político es cada vez más bélico. Se ataca, se descalifica, se ridiculiza. Se gobierna desde la reacción y se hace oposición desde el agravio. Y en medio de esa pugna constante, los problemas reales del país siguen esperando turno: salud colapsada, informalidad laboral, inseguridad creciente, educación desigual, territorios abandonados.
Aquí surge la pregunta incómoda y necesaria: ¿esta división política nos ha construido como nación o nos ha condenado a una eterna inmadurez democrática? Porque discutir es sano; disentir es democrático; oponerse es esencial. Pero cuando la política se reduce a una lucha de egos, cuando el adversario se convierte en obstáculo y no en contraparte, el resultado no es equilibrio de poderes, sino parálisis institucional.
Lo más preocupante es que esta confrontación no afecta a quienes la protagonizan. Los debates incendiarios no dejan heridos en el Congreso ni en los despachos ministeriales. Los heridos son siempre los mismos: los ciudadanos que confiaron su voto, su esperanza y su futuro a dirigentes más preocupados por tener la razón que por ejercerla con responsabilidad.
Colombia no necesita unanimidades artificiales ni silencios cómplices. Necesita líderes de izquierda, de centro o de derecha que comprendan que gobernar no es pelear y que oponerse no es sabotear. Que entiendan que la democracia no se fortalece humillando al contradictor, sino resolviendo problemas concretos con rigor, técnica y algo cada vez más escaso: sensatez.
Porque, al final, la historia ya nos dio suficientes advertencias. Y seguir ignorándolas no es un error ideológico: es una irresponsabilidad política.