La decisión del gobierno Petro en el sentido de suspender la erradicación de cultivos de coca habría influido en la decisión, aún no oficial, del gobierno norteamericano. ¿Para que darle apoyo a un gobierno que no tiene interés en combatir el narco?
El apoyo que perdería colombia proviene de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de EE. UU en Bogotá, que desde 1985 ha brindado asistencia técnica, capacitación y apoyo operativo a las fuerzas militares de Colombia para realizar operaciones contra las principales organizaciones del narcotráfico.
La medida se debería al descontento de EE. UU. por el aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia, que según el Departamento de Estado de EE. UU. se incrementaron de manera significativa en el último año durante el gobierno de Gustavo Petro (PONER DATO EXACTO).
EE. UU. considera que Colombia no está haciendo lo suficiente para cumplir con sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico, y que podría declararla como un país que ha fallado en esta materia.
La suspensión de la ayuda de INL afectaría gravemente la capacidad del gobierno colombiano para reducir el tráfico de drogas ilícitas, desmantelar las organizaciones criminales transnacionales, llevar a los criminales a disposición de la justicia, extender la seguridad y la gobernanza a comunidades rurales remotas, y mejorar la seguridad regional.
Entre los programas más afectados se encuentra el de aviación, que proporciona a la Policía Nacional de Colombia (PNC) una movilidad aérea fundamental que respalda todos los demás esfuerzos de erradicación e interdicción apoyados por los Estados Unidos.
Sin este apoyo, la PNC tendrá dificultades para acceder a las zonas montañosas donde se concentran los cultivos ilícitos, y para prestar servicios policiales, seguridad rural y respuesta a emergencias en regiones que antes no contaban con este apoyo.
También se verán afectados los programas de interdicción, que proveen a las contrapartes colombianas capacitación especializada, equipo, infraestructura y apoyo logístico para las operaciones antinarcóticos. Estas actividades interrumpen el flujo de narcóticos ilícitos a los Estados Unidos al construir y apoyar las capacidades de interdicción aérea, terrestre, marítima y fluvial de la PNC, el Ejército Colombiano, la Armada y la Fuerza Aérea.
Asimismo, se verían afectados los programas para combatir delitos ambientales como la minería ilegal y el tráfico ilegal de vida silvestre, que a menudo son cometidos por los mismos grupos criminales involucrados en el tráfico de drogas.
Estos programas fortalecen la capacidad de las instituciones colombianas a través de capacitación, tecnología y equipo, y plataformas virtuales para la coordinación interinstitucional dentro del gobierno colombiano para mejorar los procesos y condenas por estos delitos.
La suspensión de la ayuda de EE. UU. para combatir el narcotráfico es un duro revés para el gobierno de Gustavo Petro, que ha mostrado una actitud complaciente y permisiva con los cultivadores de coca y los grupos narcotraficantes a los que busca incluir en lo que llama ‘la paz total’.
El gobierno Petro suspendió la erradicación forzosa de los cultivos de coca impuesta y ha anunciado que solo se procederá con esta medida si no hay sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. Además, ha descartado la fumigación aérea como una herramienta válida para enfrentar el problema, a pesar de que esta ha demostrado ser efectiva en el pasado.
Estas decisiones han generado malestar y preocupación en EE. UU., que considera a Colombia como un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico, y que ha invertido miles de millones de dólares en apoyar esta causa. Al suspender la ayuda de INL, EE. UU. le enviaría un mensaje claro al gobierno Petro: no tolerará que se relaje la política antinarcóticos y que se ponga en riesgo la seguridad regional y la salud pública de los estadounidenses.
