Por: Victor Daniel Murcia
La declaración del presidente Petro haciendo referencia al cese al fuego multilateral, el cual se estaría anunciando en los próximos días, contradice en primer lugar lo dicho por su ministro de defensa Iván Velásquez, quien manifestó sobre el mismo tema que esto no sería posible si no como resultado de una negociación, con lo cual en primer lugar se evidencia un corto circuito entre el presidente y el ministro de la cartera, el desconocimiento del tema por parte del ministro, o una evidente falta de comunicación, producto de la improvisación en el mejor de los casos, y en el peor y más preocupante un afán político, que podría llevar a errores difíciles de corregir más adelante en una negociación.
La complejidad de un cese multilateral con organizaciones de diferente índole, que buscan validar y justificar su violencia y todas sus acciones criminales.
Va más allá del cese de las hostilidades por razones humanitarias, y se extiende en primer lugar a la limitación de la operatividad de la fuerza pública y del cumplimiento que esta tiene del mandato constitucional. Así mismo fortalece las capacidades criminales de todas las organizaciones, especialmente aquellas relacionadas con el control territorial y social, el fortalecimiento político y económico de estas organizaciones dedicadas exclusivamente al narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos, tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando como principales rentas criminales, y lo más grave dejando a las comunidades sometidas y a merced de estas organizaciones en los territorios. La apuesta de un cese al fuego multilateral, como parte de la paz total, principal eje del gobierno del presidente Petro, puede resultar un experimento demasiado lesivo y perverso para la institucionalidad, y contradice de tajo su discurso de protección y oportunidades para los territorios más abandonados por el estado, no es permitiendo que los criminales se empoderen en los territorios ejerciendo las funciones del Estado que se logra la justicia social, es llevando la solución a los principales problemas de servicios esenciales, educación, empleo, y servicios de salud.
Mas que contradictorio resulta ilógico que la solución que se plantea para la solución de un problema crítico sea por parte del gobierno incentivar la criminalidad, lo cual traerá como consecuencia el recrudecimiento de los conflictos y de la violencia en un espiral interminable. La experiencia en resolución de conflictos a nivel mundial ha señalado como principal patrón que posterior a las negociaciones, se presenta la proliferación de grupos y de conflictos de menor intensidad, cosa que es lo que ha sucedido en Colombia después de los diálogos con las FARC, más aún, si se tiene en cuenta que una parte de este grupo no participo de los diálogos y de la firma del acuerdo de paz. La misma experiencia indica que el paso a seguir sería el fortalecimiento de la institucionalidad, así como de la sociedad civil, combatir los factores de surgimiento de los conflictos tales como la corrupción y los problemas de índole social. Pero ninguna experiencia en resolución de conflictos plantea el fortalecimiento de grupos criminales y sus actividades, lo cual partiendo del principio de buena fe parece que desconoce el actual gobierno.
Mas sin embargo y acudiendo a las dudas que plantea su proceder, pareciera que conociera perfectamente las consecuencias de sus acciones y que las hace de forma deliberada y premeditada. Lo anterior no es ajeno al surgimiento de otros conflictos de índole social como se ha visto en diferentes regiones del país, como lo es la invasión de predios. Ante un discurso que no ha sido claro y que ha incentivado la ocupación ilegal de la propiedad privada, sumado a la falta de acción del Estado. Pareciera que la conflictividad social fuera algo de lo que se alimenta el gobierno, y que hace parte de la estrategia que daría paso a la construcción de una nueva narrativa.
