José Guerra De La Espriella fue uno de los senadores que terminó salpicado durante el proceso 8 mil por la entrada del dinero del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper. El 3 de mayo de 1995 la Corte Suprema de Justicia inició una investigación en su contra y luego de un proceso ante un juez sin rostro, en abril de 1998 fue condenado a 72 meses de prisión por enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y estafa, todo en el marco de su supuesta relación con el cartel de Cali y sus jefes, los extraditados hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Guerra De La Espriella se despojó de su condición de senador y presidente del Congreso, cumplió su pena, y nunca regresó a la contienda electoral. Como jefe político de su familia, desde el ámbito privado y tras escena, apoyó las carreras de sus hermanos el senador de Cambio Radical Antonio Guerra y de su hermana también senadora y pre candidata presidencial del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. También uno de las personas que le habla al oído al Presidente y actual senador, Álvaro Uribe, a quien conoce desde la infancia y luego como compañero de pupitre en el Congreso de la República.
A pesar de las decisiones en su contra José Guerra estaba dispuesto a llevar su caso a todas las instancias posibles para demostrar su inocencia. Fue así como en enero de 2007, acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, Suiza, alegando no haber tenido todas las garantías procesales en aspectos tan básicos como ser escuchado públicamente o tenido la oportunidad de controvertir las pruebas presentadas en su contra.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo que supervisa el cumplimiento y la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los estados miembro como es el caso de Colombia, emitió un dictamen a favor de Guerra De La Espriella, suscrito el 11 de mayo del año 2010, meses antes de la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia de la República.
El concepto emitido por la ONU concluye que en efecto existió una violación a los derechos fundamentales de Guerra De la Espriella consagrados en el articulo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese mismo oficio el Comité le ordenó al Estado colombiano »Proporcionar a José Elias Guerra de la Espriella un recurso efectivo, incluida una indemnización adecuada, así como evitar que se comentan violaciones similares en el futuro». La ONU le otorgó al Estado un plazo de 180 días para publicar y aplicar el mencionado dictamen a favor de Guerra De La Espriella.
Al borde de cumplir el plazo la recién posesionada Canciller, María Ángela Holguín, encontró la manera de pasarse por la faja la instrucción del Comité de Derechos Humanos y el 27 de octubre de 2010 remitió un informe a Naciones Unidas en el que les informa que adoptará las medidas para que esta situación no se repita en Colombia pero niega la aplicación de las medidas ordenadas en favor de José Guerra De La Espriella.
Ante el incumplimiento de Colombia, en el año 2011, José Guerra siguió con su lucha e interpuso una tutela contra la nación y en especial contra el sistema judicial. Pedía la aplicación y el cumplimiento del dictamen de la ONU como le corresponde a un Estado que haya suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, a pesar de la claridad de la orden del organismo internacional, la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, decidió declarar improcedente la acción de tutela, decisión respaldada por la revisión de la Corte Constitucional en su sentencia (SU-378-2014).
El gobierno de Colombia en cabeza de Juan Manuel Santos y la Canciller María Ángela Holguín, así como la Corte Constitucional, han demostrado en este caso que pueden transgredir los tratados internacionales ratificados por por la Constitución Política de 1991. José Guerra no da el brazo a torcer y busca que su caso se convierta en un referente frente a la conducta del Estado colombiano en contra de las decisiones internacionales que de acuerdo al derecho serían de obligatoria aplicación y cumplimiento pero que han sido ignorados en su caso y los de muchos otros ciudadanos que han buscado justicia más allá del cuestionado sistema colombiano. Hasta hoy no se conoce una respuesta ni un nuevo pronunciamiento por parte del gobierno Santos.
