Luego de la parranda que organizó el detenido abogado Álvaro Dávila en la Cárcel el Bosque de Barranquilla con la complicidad del Inpec se conocen nuevos datos que tendrían al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, decidido a ordenar un cambio en la dirección del Instituto Nacional Penitenciario a cargo del general Jorge Luis Ramírez Aragon. Uno de los tantos problemas cuya responsabilidad política recae sobre el ministro, es el aumento de las extorsiones, especialmente desde el interior de 12 centros penitenciarios: El Bosque, La Ternera, La Vega, Las Mercedes, Doña Juana, Villa Hermosa, Rodrigo Bastidas, Palogordo, Cómbita, La Picota, La Modelo y Picaleña, las cuales no tienen un adecuado sistema de bloqueo de señal de llamadas de celular.
A eso se suma que los guardias del Inpec han montado un jugoso negocio vendiendo las llamadas de celular configurando una situación que se le salió de las manos al Gral Ramírez posesionado desde noviembre de 2014 fecha desde la cual se han encontrado más de 14 mil celulares en las cárceles a su cargo.
La situación, fuera de control, también le compete al viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa Carlos Medina Ramírez y al asesor de Presidencial Juan Carlos Restrepo quienes se le han atravesado a una posible licitación para contratar a una empresa experta que asuma el tema del bloqueo de las señales en estas cárceles. Algunas fuentes de los sindicatos e interesados en el proceso le han informado a El Expediente que estos dos funcionarios, que forman parte de la junta directiva del Inpec, han presentado empresas que puedan llevar a cabo esta tarea pero que no tienen ninguna experiencia en Colombia.
La mejora en la política carcelaria y el compromiso de bloquear las llamadas de los complejos penitenciarios, fue una de las promesas del Presidente Juan Manuel Santos cuando se posesionó en 2010 e incluso quedó plasmada en el Decreto 4768 de 2011 el cual el gobierno se compromete a ”Adoptar medidas para restringir la utilización de dispositivos de telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios y carcelarios”.
Este es el Decreto 4768 de 2011 firmado por el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra y el de las Tics Diego Molano, el cual seis años después, el gobierno, no ha cumplido.
