Por: José Félix Lafaurie Rivera
Colombia siempre ha estado en “modo atentado” porque siempre ha estado en “modo violencia”: es su sino trágico.
De los ochenta recuerdo las equis en las ventanas, para que los vidrios no causaran heridos por las bombas, que explotaban a diario, y el fatídico 1989, el año del terror, de voladuras, terrorismo a destajo, magnicidios y asesinatos selectivos de periodistas, jueces, obispos y hasta árbitros.
Es la “lógica del terror” que nunca cesa, diversa en sus formas y perpetradores, pero con un factor común: el narcotráfico, hoy, como en los ochenta.
Las amenazas actuales, como las develadas contra el fiscal, el general Zapateiro y mi esposa, María Fernanda Cabal, son un riesgo para los amenazados y sus familias, pero son, sobre todo, atentados contra la paz.
La paz, lo reitero, no se negocia ni se firma; las negociaciones señalan compromisos, pero la verdadera paz, a partir del silencio de las armas, es una construcción permanente y colectiva, bajo el imperio de la Ley como base de la convivencia y del Estado de Derecho. La paz que nos caracteriza como sociedad civilizada.
Por ello no resulta consecuente, en principio, que un grupo que negocia la paz, al mismo tiempo planee atentados orientados al exterminio de enemigos políticos y al amedrentamiento social.
Desde fuentes oficiales se divulgó la presunta responsabilidad del ELN, sobre lo cual tengo mi percepción como miembro de la comisión gubernamental y ciudadano afectado en su entorno familiar.
Primero, “quiero creer” -lo dije el 3 de agosto- en el compromiso del ELN con el cese, y por eso prefiero descartar que la delegación del ELN tuviera conocimiento, pues incurriría en perfidia -deslealtad o maldad extrema-, agravada en mi caso personal, pues quedaría en la posición “surrealista” de negociar desprevenido con quienes quieren asesinar a ¡mi esposa!
Segundo, Si los líderes del ELN en la mesa no tenían conocimiento, estaríamos ante una ausencia de control sobre sus unidades armadas en el país y en Venezuela, lo cual es una amenaza latente de incumplimientos al cese por cuenta de frentes disidentes, una película que ya vimos con el atentado a la Escuela General Santander.
Y una última hipótesis: que terceros malintencionados, para proteger sus rentas ilícitas, intenten boicotear un proceso con vocación de locomotora del programa de paz del Gobierno.
En cualquier caso, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación deberá evaluar la situación con apoyo de las autoridades y emitir su pronunciamiento a través de la ONU.
En cuanto a mí concierne, esperar ese pronunciamiento es mi compromiso con la Mesa, de la cual hago parte de buena fe, desde mis convicciones, que comparto con María Fernanda,sobre la Ley y el Orden como garantías de libertad y sustento de la civilidad. Solo en ese contexto, quiero seguir creyendo en un proceso que conduzca a un Gran Acuerdo Nacional y a la paz de Colombia.
