Un tinglado de relaciones políticas y de amiguismo entre los directivos de la Fiduprevisora y algunos prestadores de servicios de salud tiene en vilo la atención de más de 120 mil presos en todo el país, en contravía de las advertencias y disposiciones de la Corte Constitucional, que el pasado 20 de junio le ordenó al Estado a través de un fallo de tutela adoptar medidas para brindarle una digna atención a los reclusos: detrás hay un jugoso negocio de $120 mil millones al año en el que influye el peso político del Senador Armando Benedetti en la Fiduprevisora y en el que juega como juez el exministro Alberto Carrasquilla, uno de los propietarios y representante legal de la firma Konfigura Capital SAS, encargada de hacer la evaluación del proceso de selección de los prestadores de salud, a pesar de que su firma es experta en alimentos y no tiene mayor experiencia en temas relacionados con la salud. Además Carrasquilla estaría inhabilitado para contratar ya que como MinHacienda presidió la junta directiva de la Fiduprevisora.
Aunque la entidad responsable del manejo de las cárceles es la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) en cabeza de María Cristina Palau -que depende del Ministerio de Justicia- el proceso de selección del prestador de servicios de Salud para los presos es la Fiduprevisora en cabeza de Sandra Gómez, quien fue subalterna de Alberto Carrasquilla en el Ministerio de Hacienda (2003 a 2007). Otra persona clave en la selección del operador es Mauricio Iregui Tarquino, gerente del Consorcio Fondo de Atención en salud PPL, adscrito a la Fiduprevisora, que lidera el proceso de de selección, y quien llegó a esa posición con el visto bueno del parlamentario Armando Benedetti y de amigos directivos de la Superintendencia Nacional de Salud como Miguel García, Fernando Trillos y Javier Villarreal, con quienes controla la contratación al detal de los servicios de salud de las personas privadas de la libertad.
La primera en poner el grito frente a las manifiestas irregularidades en el proceso que lidera la Fiduprevisora fue la propia directora de la USPEC, María Cristina Palau, quien en una reciente comunicación le hizo observaciones a la Fiduprevisora y al señor Mauricio Iregui Tarquino. En la respuesta fechada el 21 de Julio y firmada por Iregui Tarquino, la Fiduprevisora desmiente que el proceso esté amañado para declararse desierto y sostiene: »Es claro y evidente que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL ha actuado de acuerdo a los parámetros establecidos en el documento de selección de contratistas, más aún respetando los derechos fundamentales que le asisten a cada uno de los oferentes sin que se transgredan los principios de transparencia», y agrega: »Resulta infundada la observación generada por la USPEC en cuanto a que se esté vulnerando el derecho a la información (…) objetividad y transparencia del proceso».
Así las cosas, todo indica que hoy lunes 24 de Julio se declarará desierto el proceso de selección, al que se han presentado firmas como UT Comfavida, UT Integral Health, Consorcio Gestión Salúd, UT Inpec Salud y Somedyt IPS. El objeto de declarar desierto el proceso es hacer uso del manual de contratación para poder seguir contratando a dedo a los operadores que han prestado un servicio deficiente.
En la actualidad los presos tienen una atención en salud frente las urgencias, enfermedades como SIDA, cáncer y otras de alto riesgo, pero no hay un sistema articulado que haga promoción y prevención o que les permita contar con una atención digna en temas dentales, o enfermedades de primer nivel, que es lo que se buscaba con el proceso de licitación que se volvió una burla y que los condena a seguir siendo tratados de forma indigna como sentenció la Corte o como dicen ellos mismos: como perros, a pesar de que los colombianos pagamos cerca de $120 mil millones al año para que sean atendidos. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero y de Hacienda Mauricio Cárdenas, máximas instancias, han preferido mantenerse al margen y están notificados del poder del Senador Armando Benedetti ante el Palacio de Nariño, en últimas el dueño político y burocrático de la entidad durante todo el gobierno Santos.
