Sergio Alzate, director de Misión Colombia Transparente, radicó ante el Consejo Nacional Electoral un informe formal en el que solicita abrir investigación administrativa contra el Pacto Histórico y contra los entonces candidatos Iván Cepeda Castro y Aida Marina Quilcué Vivas, por presunta tolerancia, connivencia o beneficio derivado de la actuación electoral de la organización criminal «Los Costeños» en los municipios de Malambo, Soledad y Galapa, en el departamento del Atlántico.
El eje central del informe es la entrevista que una comisión de funcionarios enviada desde la Casa de Nariño sostuvo el 30 de septiembre de 2025, en la cárcel La Picota, con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, en el marco de los acercamientos de la política de Paz Total. En esa conversación, que se extendió por más de dos horas, Castor ofreció su respaldo electoral a cambio de la continuidad del proceso de negociación: «Comprometerme a que este Gobierno continúe en cabeza de quien el señor presidente diga y me comprometo, en lo personal, a que en municipios como Galapa, Soledad, Malambo, vamos a trabajar duro (…) Yo soy un amante de Cepeda», se le escucha decir en el audio. En ese momento, entre los posibles candidatos del Pacto Histórico figuraban Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Castor afirmó además, en la misma grabación, que Los Costeños respaldaron en 2023 la candidatura de Alcira Sandoval Ibáñez a la Alcaldía de Soledad: «Nosotros hablamos con esta señora. Ella quería ser alcalde; nosotros le ayudamos para que fuera alcalde». La grabación permaneció archivada en la Casa de Nariño pese al contenido, y salió a la luz apenas esta semana. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, calificó lo revelado como «gravísimo» y advirtió que «no podemos permitir que la criminalidad pretenda tener influencia en la política, en las instituciones o en las decisiones que afectan la seguridad de los atlanticenses».
El informe de Alzate complementa esa entrevista con el mapa de riesgo institucional ya existente sobre estos municipios: tres Alertas Tempranas sucesivas de la Defensoría del Pueblo (020-18, 037-20 y 022-23) identificaron a Malambo, Soledad y Galapa como territorio de incidencia de Los Costeños, con patrones de homicidios selectivos, extorsión, reclutamiento de menores y desplazamiento. La Misión de Observación Electoral (MOE), en su informe de riesgo para el Atlántico de cara a los comicios de 2026, calificó a Soledad con riesgo extremo y a Galapa con riesgo medio por la intensidad del conflicto asociado a actores armados, y advirtió que el 60% de los municipios del departamento presentaban algún nivel de riesgo electoral.
Sobre esa base documental, Alzate cruza los resultados oficiales de preconteo de la Registraduría en los tres municipios. En Galapa, Malambo y Soledad, Iván Cepeda ganó tanto en primera como en segunda vuelta, con votaciones de segunda vuelta entre 67,4% y 73,1%. En los tres municipios, más del 90% del crecimiento de la participación electoral entre la primera y la segunda vuelta —los votantes nuevos que se sumaron en el balotaje— se tradujo en votos para Cepeda: 94,35% en Galapa, 90,72% en Malambo y 94,20% en Soledad. El informe no afirma que ese patrón de votación esté probatoriamente conectado con la promesa que Castor hizo en La Picota un año antes de la elección; lo que solicita al CNE es, precisamente, que investigue si existe esa conexión, con las herramientas de verificación electoral, financiera y forense a su disposición.
El escrito invoca el artículo 265, numeral 6, de la Constitución, que le asigna al CNE la función de vigilar el desarrollo de los procesos electorales «en condiciones de plenas garantías», y el artículo 107, que consagra la responsabilidad política de los partidos que avalen candidatos vinculados a grupos armados ilegales. Con ese fundamento, Alzate pide al Consejo abrir investigación administrativa sancionatoria contra el Pacto Histórico; requerir a la Fiscalía y a la Presidencia copia íntegra de la grabación y del informe de la comisión que entrevistó a Castor; solicitar a la Registraduría información sobre eventuales atipicidades de votación en las mesas de los tres municipios; y disponer acompañamiento reforzado de la MOE en esos territorios de cara a los próximos comicios.
El expediente, radicado bajo el número CNE-E-DG-2026-026155, queda ahora en manos del Consejo Nacional Electoral, que deberá decidir si abre la investigación solicitada.
