Por: D´mar Córdoba S
No deja de ser preocupante, ver cómo un médico y un periodista de profesión, salen con toda la furia y la interpretación que pueden tener del derecho desde su conocimiento, para acusar, satanizar y estigmatizar la acción legítima del Estado y sus Fuerzas Militares, por la Operación que permitió dar de baja de 12 guerrilleros de las FARC en el departamento del Guaviare.
Estos personajes, el uno que siempre ha militado en la extrema izquierda y que se caracteriza por ser alfil de Petro y el otro que ha pasado por Cambio Radical, el Uribismo, el Santismo y ahora llega al Petrismo, están haciendo campaña, seguramente el primero al Congreso de la República y el segundo a la presidencia de la República con las banderas de la paz de las FARC.
Ambos con sus amigos de la prensa que se dice independiente porque ataca al Gobierno Duque y a sus instituciones, anunciaron que en ese bombardeo había varios niños que fueron “asesinados” en la acción de las Fuerzas Militares.
En su lógica populista, donde el único argumento es que se trataba de niños, hablaron de varios menores que cayeron en la acción y amenazaron incluso con llevar ante la Corte Penal Internacional al Ministro de la Defensa Diego Molano, que con firmeza defendió la acción legítima del Estado.
Evidentemente para entender el asunto, se requiere cuando menos de nociones básicas de derecho internacional, que permitan invocar precisamente el Derecho Internacional Humanitario, que estos personajes políticos evidentemente no conocen en detalle.
En resumen, respetado lector, que alguien que no sabe que es DIH, diga lo que le parece y guste a muchos sectores, no significa que esté en lo correcto y es eso lo que ha pasado con los señores de la Colombia Humana.
En el DIH todos los intervinientes en las hostilidades tienen idénticas obligaciones y concretamente sobre el tema de la edad de los combatientes, el DIH señala que se prohíbe reclutar a menores de 15 años, asunto del que las FARC son culpables desde siempre.
Pero lo más importante y que desconocen de manera deliberada los políticos de extrema izquierda, es que el DIH habilita el uso de la fuerza letal en contra de objetivos militares, incluídos personas y bienes que estén en un sitio, armados con intención hostil, lo que hace que pierdan el estatus de protección como ciudadanos.
De acuerdo con el artículo 52 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, es lícito atacar directamente un objetivo militar y quienes hagan parte de un grupo armado que participa en las hostilidades, reclutados a la fuerza o no, pierden el estatus de protección derivada de su condición de civiles
En otras palabras, no existe, no hay infracción al DIH con el bombardeo en la vereda Buenos Aires en el Guaviare, pues el ataque estuvo dirigido contra un objetivo Militar autorizado por el Derecho Internacional Humanitario, como lo era el campamento del terrorista de las FARC alias Gentíl Duarte.
Pero lo que no deja de sorprender, es que esos mismos que se atreven a llamar asesinos a nuestros hombres de las Fuerzas Militares, sean los que presionaron, votaron y celebraron que se le diera a las FARC la posibilidad de ocupar diez curules en el Congreso de la República, sin que alguno de esos sujetos, hubiera pagado por los delitos de los que son señalados por sus víctimas.
Hemos permitido que los guerrilleros sean honorables ciudadanos y nuestros militares sean tratados como despreciables asesinos. La Patria no nos lo perdonará.
