Por Alejandro Ramírez
Un debate que merece la atención de los colombianos, se generó la última semana como consecuencia de investigaciones del canal NTN24 sobre las cifras que invierte el Estado en la defensa jurídica de las farc, los más grandes perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Colombia, ante la JEP. Escandalizan los millonarios recursos que alimentan lo que se ha vuelto un sistema de privilegios, hoy conocido como el SAAD “Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa”, una de tantas siglas de las que llenaron esa terrible concesión al narcoterrorismo, fracturando nuestras instituciones.
Concebido este sistema de defensa judicial por un reconocido abogado de organizaciones terroristas, Enrique Santiago, desde el año 2018 y sin contar los recursos de la vigencia fiscal del año 2021, ha recibido más de 47 mil millones de pesos del erario público invertido en el presupuesto de la JEP, los que van a parar a organizaciones de abogados “con capacidad de asistencia legal especializada y culturalmente pertinente” (palabras textuales extraídas de la la ley 1957 de 2019, artículo 115) para excluir del universo de las firmas de abogados habilitadas para litigar en la JEP, a aquellas que no trasiegan por las ONG’s de izquierda en Colombia. No en vano, en la lista de firmas de abogados que reciben estos millonarios recursos se encuentran la corporación colectivo de abogados Luis Carlos Pérez (CCALP), el Colectivo socio jurídico Orlando Fals Borda o la corporación jurídica Yira Castro.
Y se confirma así un sistema de privilegios en la defensa jurídica ante la JEP, que rompe con el desarrollo jurisprudencial colombiano en materia de la garantía de acceso a la justicia, en la adopción de normas y medidas que garanticen que todas las personas sin distinción alguna, tengan la posibilidad de ser parte de un proceso. Una dispensa tan generosa en contra vía de la Constitución, como quiera que llega a ser enriquecida a través de millonarios convenios siempre y cuando se trate de la defensa de los miembros las farc. Muestra de ello, los dos convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que en solo 2 años sobrepasan los 6 mil millones de pesos para costear 50 abogados. Una cifra que marca un evidente contraste con los anémicos recursos que al SAAD llegan para la defensa de los miembros de la fuerza pública, a la cual ha podido contribuir FONDETEC en contratos de prestación de servicios por una suma de 648 millones de pesos.
Las cifras que nos deja ver la defensa jurídica de quienes concurren a la JEP son estremecedoras, aun más cuando analizamos que desde ese tribunal se aprestan a demostrar cerca de 6 mil ejecuciones extrajudiciales a manos de la fuerza pública, en un contexto de presiones a sus miembros para acceder a prerrogativas y beneficios. Y es que el polémico caso 03 que lleva la JEP, viene impulsado por funcionarios judiciales como Alejandro Ramelli, quien hizo tránsito por la Fiscalía General de la Nación en una de sus épocas más oscuras bajo Eduardo Montealegre, en su reconocida unidad de contexto, para permitirle a la justicia “inferir” situaciones de vulneración a derechos de los ciudadanos a manos de la fuerza pública, fundamentando sus acusaciones exclusivamente en cifras, las mismas que se elevan tan fácilmente, pero aun así llenas de frágilidad como la espuma, con el único fin de hacerlas ver como una máquina de terror y justificar así la criminalidad del narcoterrorismo de las farc, hoy bajo el paraguas de los móviles políticos.
Vale tener en cuenta esta perspectiva, para advertir la necesidad de destinar recursos a la defensa jurídica de nuestra fuerza pública en cualquiera de las jurisdicciones en que se cuestione sus actuar. Es necesario que se esclarezcan estos hechos con rigor y transparencia, alejándolas de todo sesgo. Basta recordar cómo se ha condenado a la Nación por casos icónicos como el de Santo Domingo, o por la defensa de la Estación de Policía de San Miguel, en Putumayo. Es tan necesario reconocer los esfuerzos de quienes vestidos de patria despejan un futuro democrático para el país en la defensa de nuestra sociedad, como de los abogados y miembros de la sociedad civil, que por fuera de las reconocidas Organizaciones No Gubernamentales, en esmeradas defensas, desmontando las falacias impulsadas por los ideólogos de la anarquía, cualquiera sea la tribuna que ellos utilicen, con tanto daño para el país.
