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Crónica de un atropello: Lafaurie reconstruye con documentos cómo el gobierno Santos le quitó a Fedegán el Fondo Nacional del Ganado

por El Expediente
noviembre 15, 2026
en Corrupción
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Crónica de un atropello: Lafaurie reconstruye con documentos cómo el gobierno Santos le quitó a Fedegán el Fondo Nacional del Ganado
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Por: El Expediente

Hay libros que se escriben para contar y otros que se escriben para ser leídos por un juez. Crónica de un atropello: la persecución del gobierno Santos contra Fedegán, de José Félix Lafaurie Rivera, es las dos cosas a la vez, y lo confiesa. En la introducción lo llama libro-denuncia. En el capítulo titulado «¿Por qué ahora?» anuncia que los magistrados del Consejo de Estado que deben decidir la apelación de Fedegán también lo recibirán. Sobre esa doble condición, la de relato y la de alegato, se mide todo lo que el lector encuentra en sus más de cuatrocientas páginas, publicadas por Intermedio Editores y Círculo de Lectores en noviembre de 2026.

La tesis cabe en una línea. Según Lafaurie, que presidió Fedegán durante los hechos, el gobierno de Juan Manuel Santos castigó al gremio ganadero por oponerse a la negociación con las Farc y lo hizo a través de tres ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, Rubén Darío Lizarralde y Aurelio Iragorri, y del contralor Edgardo Maya. El castigo, afirma, se consumó con la pérdida de la administración del Fondo Nacional del Ganado, el patrimonio parafiscal que Fedegán manejó durante veinte años por contrato con el Estado, y con su posterior liquidación. Todo lo demás, los informes de la Contraloría, las prórrogas del contrato, el decreto, la toma, el proceso de insolvencia, son para el autor etapas de un mismo plan.

El libro avanza con método de expediente. Lafaurie ordena los hechos por fechas, cita folio, número de acto y fecha de cada documento, y reproduce en apéndice el auto con el que la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación. Esa disciplina es su principal virtud. Quien quiera comprobar lo que dice puede hacerlo, y buena parte de lo que dice resiste la comprobación.

Los hechos que sostienen el libro son verificables. La Ley 89 de 1993 creó la cuota de fomento ganadero y lechero y el Fondo Nacional del Ganado y previó su administración por contratos de diez años; el contrato 026 de 2004 venció en abril de 2014 y el Ministerio lo prorrogó cuatro veces hasta diciembre de 2015, sin abrir una nueva contratación. El 29 de diciembre de 2015, a dos días del vencimiento de la última prórroga, el gobierno expidió el Decreto 2537, que permitió al Ministerio asumir directamente la administración de los fondos parafiscales cuando el contrato terminara o el administrador estuviera en proceso de insolvencia. El 4 de enero de 2016 funcionarios del Ministerio y de Fiduagraria llegaron a la sede de Fedegán a tomar el Fondo. El 26 de mayo, con el Auto 400-008393, la Superintendencia de Sociedades decretó su liquidación por adjudicación. Quedaron sin empleo 342 trabajadores, según las cifras del propio libro.

La parte más sólida del argumento es la que el lector puede contrastar con el texto del decreto. Lafaurie sostiene que la norma se escribió a la medida de Fedegán. Su artículo 2.10.5.1 abre la puerta al Ministerio cuando el administrador «sea o haya sido admitido» a un proceso de insolvencia, y el Fondo había sido admitido a reorganización en agosto de 2015 por las deudas de Friogan, el frigorífico del que era socio mayoritario. Quien lea el decreto sabrá si esa formulación describe un caso general o uno particular. El autor añade que el decreto se expidió sin consultar a la Sociedad de Agricultores de Colombia ni a los demás gremios, y que los documentos de justificación que el Ministerio publicó en el SECOP II aparecen sin número y sin fecha.

El libro gana fuerza cuando llega al episodio que lo cierra. Según Lafaurie, en la junta directiva del 4 de mayo de 2016 el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Pablo Pineda, que presidía la reunión, no sometió a votación una propuesta de acuerdo de reorganización que, afirma, tenía el respaldo de la mayoría. Sin acuerdo dentro del plazo legal de cuatro meses, la Superintendencia aplicó el artículo 37 de la Ley 1116 y ordenó la liquidación. El autor señala una incoherencia que cualquier abogado concursal reconocería: Friogan, con las mismas causas, fue a liquidación judicial y no a liquidación por adjudicación, una figura que, según explica, permite volver a un acuerdo de reorganización y la otra no. También reproduce el denominado «Auto de Aftosa», con el que el juez del concurso ordenó usar cerca de 14.000 millones de pesos del Fondo liquidado para financiar el ciclo de vacunación de 2016, dinero que, según el autor, el ministro Iragorri prometió verbalmente devolver y que Fedegán reclamó después por la vía judicial. Y detalla cuatro contratos que Fiduagraria firmó entre 2016 y 2017 con la empresa de César Negret, el asesor ministerial que reemplazó a los asesores del acuerdo de reorganización, por 360 millones de pesos en honorarios pactados. Lafaurie aclara que no sostiene que sean prueba de una contraprestación ilícita; sostiene que constituyen una relación contractual posterior que debe quedar documentada y explicada.

Hasta aquí, el libro es un expediente bien armado. A partir de aquí empiezan las preguntas que un lector exigente debe hacerse, y que un lector de buena fe debe plantear con más cuidado, no con menos, cuando el autor es una persona cercana.

La primera es de método. La escena que sostiene el relato del primer capítulo es una reunión del 15 de diciembre de 2015 entre Lafaurie y el ministro Iragorri. Según el autor, el ministro le dijo que era «el cerdo de un sándwich», le transmitió una advertencia del presidente Santos, «no se vaya a equivocar», y le contó que el contralor Maya le había dicho que dejara vencer el contrato porque él lo apoyaba. Es el centro dramático del libro y descansa en el testimonio de Lafaurie, con la compañía de su asesor jurídico, Roberto Bruce, en las reuniones de esos días. Iragorri, según el propio libro, pidió reserva. No hay grabación ni acta. Eso no significa que sea falso. Significa que es la versión de una de las partes sobre una conversación privada, y así debe leerse.

La segunda es de contexto. El libro es silencioso sobre una parte del expediente que no le favorece o que no le interesa. La Actuación Especial de la Contraloría que concluyó en diciembre de 2013 dejó 48 hallazgos, y Lafaurie se ocupa a fondo del número 48, el contrato de auditoría con BDO, que el Ministerio firmó por unos mil millones de pesos y amplió de tres a siete meses. De los otros 47 casi no hay noticia. Tampoco se detiene en el hecho de que, en el informe de diciembre de 2015, la Contraloría advirtió que los avales del Fondo a Friogan contradecían el artículo 4 de la Ley 89 de 1993 y el artículo 31 de la Ley 101 del mismo año. Su defensa es que esos avales los aprobaron juntas directivas presididas por ministros, en 2006, 2007 y 2009, que tenían veto y no lo usaron. El argumento es serio. Pero reconoce, en el mismo capítulo, que Friogan tenía dificultades financieras, «que no irregularidades», que el Fondo era su accionista mayoritario y su codeudor solidario, y que por eso la quiebra de la una arrastraba a la otra.

La tercera es de resultado. Lafaurie documenta con honestidad que todas las decisiones judiciales le fueron adversas. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-644 de 2016, declaró exequibles los incisos del artículo 106 de la ley del Plan de Desarrollo en que se apoyó el decreto, aunque con tres salvamentos, entre ellos el del magistrado Luis Guillermo Guerrero, ponente original. El Consejo de Estado negó la nulidad del Decreto 2537 el 28 de marzo de 2019. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de reparación, por más de 40.000 millones de pesos, después de una década de proceso; la apelación sigue pendiente. El libro lo admite con una frase: «en ambos escenarios las decisiones fueron adversas a nuestras pretensiones». Lo que no hace es tratar esas decisiones como lo que son, el pronunciamiento de tribunales que revisaron las normas y las actuaciones. En cambio insinúa la cercanía del magistrado Alejandro Linares, ponente de la C-644, con el presidente que lo habría ternado, un reproche personal que ningún documento del libro respalda.

Hay además asperezas internas que el editor de una edición definitiva haría bien en pulir. El autor declara que escribe «sin ningún ánimo de oposición política» y, en el capítulo III, caracteriza a Fedegán como «un gremio opositor». Habla de 342 familias afectadas en el índice y el prefacio y de 349 en la introducción. Y la prosa, que en los capítulos de documentos es limpia y precisa, se vuelve en otros pasajes más ardiente que probatoria: la «paz esquiva», el «Nobel en la solapa», una descripción del país posterior a 2016, con coca, violencia y justicia transicional, que atribuye a las mismas causas que atribuye el atropello. El libro pide que se juzgue su documentación; la política que lo rodea merece otro debate.

Los prólogos señalan el lugar donde el libro se sitúa. El de Alejandro Ordóñez, exprocurador y hoy ministro del Interior, quien en 2016 conceptuó a favor de declarar inexequible la norma, lo respalda con la autoridad de quien ya había dicho lo mismo ante la Corte. El de Germán Bahamón, de la Federación de Cafeteros, es más cuidadoso. Reconoce que el relato está «construido desde sus interpretaciones» y declina pronunciarse sobre las controversias. Esa diferencia de temperatura entre los dos prologuistas es la mejor guía de lectura.

¿Qué queda, entonces? Queda un documento de primer orden para entender cómo funciona la parafiscalidad en Colombia y cómo se disputa su control. Queda un caso, el de la liquidación del Fondo, que cualquier periodista o abogado puede seguir paso a paso con los números de los actos que el autor cita. Queda una cronología del siguiente periodo que es, probablemente, la parte más incómoda para el Estado: una licitación para reemplazar a Fedegán que, según el libro, fracasó, la creación de una nueva federación ganadera, la valoración de Friogan en 218.000 millones de pesos frente a los 60.000 que el ministro habría estado dispuesto a aceptar, y la reaparición de la fiebre aftosa en Arauca en 2017, que el autor vincula con el desmonte de los programas sanitarios del Fondo. Esa última relación causal es suya; la restitución parcial del estatus de país libre de aftosa con vacunación ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, informada en diciembre de 2017, y la plena que él ubica en 2020, son hechos que cada lector puede confrontar con las fuentes sanitarias. Y en enero de 2019 el gobierno de Iván Duque firmó un nuevo contrato con Fedegán para administrar la cuota entre 2019 y 2029, de modo que el libro termina donde empezó, con el Fondo de nuevo en manos de la Federación y el expediente de lo que costó el intermedio sin cerrar.

Lo que el libro no puede ser, y no pretende serlo, es una sentencia. Lafaurie escribe como parte, con documentos y con rencor, y a veces el rencor pasa por documento. Pero la forma en que organiza las piezas obliga a hacer preguntas que el Estado no ha respondido con claridad: por qué un decreto que abría el camino a la toma se expidió dos días antes de que venciera el contrato, por qué el mismo juez trató de manera distinta a Friogan y al Fondo, por qué un recurso parafiscal sirvió para pagar un ciclo de vacunación sin que se acreditara su restitución. Esas preguntas son más duraderas que cualquier adjetivo del autor, y son las que justifican leer el libro.

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