Por: El Expediente
Canal Trece, operado por la empresa Teveandina Ltda., es uno de los canales de televisión pública regional de Colombia, financiado con recursos del Estado para cumplir una función de servicio público de comunicación. Como cualquier entidad que administra recursos públicos, cuando Canal Trece recibe un contrato del Estado para ejecutar una tarea específica, la expectativa razonable es que sea la propia entidad, con su estructura y su personal, la que lleve a cabo el trabajo encomendado, o al menos una parte sustancial de él.
En el marco del proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, el Equipo Élite Anticorrupción revisó un contrato suscrito entre Canal Trece y la Agencia Nacional de Tierras, por un valor de $17.003 millones, destinado a la logística de un evento institucional. Es, en sí mismo, un monto considerable para un contrato de servicios de logística de un solo evento, lo que ya justificaba una revisión cuidadosa por parte de los equipos de auditoría del empalme.
El hallazgo central que documenta el Libro de la Verdad, sin embargo, no es simplemente el monto del contrato: es lo que ocurrió después de que se firmó. La totalidad de las actividades comprendidas dentro del objeto contractual —el ciento por ciento, sin excepción— terminó subcontratada a terceros. En otras palabras, la entidad que recibió directamente el encargo y los recursos del Estado no ejecutó, en la práctica, ninguna parte sustancial del trabajo por sí misma. Se limitó a actuar como intermediaria entre la Agencia Nacional de Tierras, que necesitaba el servicio, y los proveedores reales que finalmente hicieron el trabajo de logística que el contrato describía.
Este tipo de esquema no es una novedad en el mundo de la contratación pública colombiana: es, de hecho, uno de los patrones que la Contraloría y la Procuraduría han identificado repetidamente, a lo largo de los años y en distintos gobiernos, como una de las formas más comunes de encarecer artificialmente el costo final de un servicio para el Estado. Cada capa adicional de intermediación entre quien firma el contrato original y quien finalmente ejecuta el trabajo real suele añadir un margen de ganancia adicional, que en últimas termina pagando el erario público, sin que ese margen adicional se traduzca en ningún valor agregado real para la calidad o el alcance del servicio que finalmente se presta.
Cuando una entidad estatal como Canal Trece recibe un contrato de $17.003 millones y subcontrata el cien por ciento de su ejecución, la pregunta inevitable es qué justificó, en primer lugar, que ese contrato no se estructurara directamente entre la Agencia Nacional de Tierras y quienes realmente iban a prestar el servicio de logística. Saltarse esa capa de intermediación habría significado, casi con seguridad, un ahorro directo para el Estado, además de una cadena de responsabilidad mucho más clara y trazable sobre quién ejecutó exactamente qué parte del trabajo.
El caso de Canal Trece se suma a un patrón más amplio que el Libro de la Verdad documenta en distintos sectores durante el gobierno de Petro: entidades públicas que terminan funcionando como canales de paso para recursos que en la práctica ejecutan terceros, con el Estado pagando de más por una intermediación que no aportó valor real medible al resultado final. Es exactamente el tipo de esquema que una contratación pública bien diseñada, con controles efectivos desde el momento de la estructuración del contrato, debería estar en capacidad de prevenir antes de que el dinero salga de las arcas públicas, no después de que el contrato ya se ejecutó por completo.
