Por: German Senna Pico
En el desarrollo de las violencias que ha padecido Colombia y que han dejado miles de víctimas de crímenes atroces como secuestro, desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento, homicidios y otros… es muy común que en la mayoría de casos los perpetradores no paguen por ello, eso lo podemos ver con el proceso del pacto de la Habana donde los criminales de FARC no pagaron un día de cárcel por sus miles de crímenes ni tampoco indemnizaron a sus miles de víctimas.
Por eso vemos un creciente resentimiento y reciclaje de tantas violencias sumada la insatisfacción generalizada de ausencia de justicia en la población; con eso se percibe claramente una revictimización a las víctimas de todos los delitos antes mencionados. Pero en los casos donde el Estado Colombiano es responsable directo de hechos de violencia contra civiles o determinado grupo de personas, la responsabilidad civil debe ser resarcida en el término de la distancia.
Si no es así, se estaría incumpliendo obligaciones con el sistema de justicia interamericano que, en un gran número de veces, ha condenado a Colombia por la responsabilidad en hechos de violencia por acción u omisión.
Teniendo en cuenta lo ya expuesto en este artículo, ponemos de presente las siguientes actuaciones que merecen ser aclaradas por las autoridades que tengan responsabilidad en ello. Hace más de 30 años fue cometida la masacre de la hacienda el Nilo en Caloto Cauca, más exactamente el día 16 de diciembre de 1991, cuando un grupo paramilitar y miembros de la Policía Nacional de Santander de Quilichao, dieron muerte a 21 indígenas entre ellos dos menores de edad en la Hacienda El Nilo, ubicada en el corregimiento El Palo, del municipio de Caloto Cauca.
Ya han pasado más de 30 años de la comisión de esta masacre, en la que hubo una participación directa de agentes del Estado y donde por supuesto hay una responsabilidad civil en la reparación directa a estas víctimas por parte del ministerio de defensa policía nacional. En los últimos 13 años, he conocido de muchísimas acciones por parte de estas víctimas ante el ministerio de defensa policía nacional, para que se cumpla con la reparación directa a la que tienen derecho, sin que a la presente se haya dado cumplimiento por parte del Estado a la reparación individual y colectiva de estas familias.
Hace pocos días tuve una conversación con uno de los líderes de la fundación (VIRMEC), que representa a un gran número de víctimas de la masacre del Nilo y me presentó el auto interlocutorio donde el consejo de estado ordena la reparación inmediata para estas víctimas, también conocí que había una orden de pago por parte del mi misterio de defensa policía nacional, con fecha junio de 2016. Y ni así, se ha dado cumplimiento al pago de las indemnizaciones a las víctimas de la masacre del Nilo, más de cinco personas víctimas de esta masacre, han fallecido esperando indemnización.
Uno de los representantes de la fundación (VIRMEC), me aseguro que se reunió en Bogotá con un funcionario de la oficina de litigios de la policía nacional y éste le hizo una propuesta que indicaba que, si querían que se proyectara el pago de las sentencias y demandas de Aida Rufina Noscué, María Helena Guetia Pito, Rosalbina Tombé y Alexander Mestizo Tombé, se debía dar una paga, si no, eso podría demorarse un mes, dos años o hasta cinco años más, que así se manejaba esas cosas en Bogotá con los pagos de las sentencias u órdenes de pago a víctimas.
La persona que recibió la petición del funcionario, puso en manos de autoridades superiores al interior de la policía nacional la actuación indebida de este funcionario, a la que sus superiores prometieron tomar medidas sin que a la presente se haya sabido de alguna repercusión por la dolosa actuación del funcionario.
Al terminar este artículo “Off the record” nos enteramos de la investigación al interior de la policía nacional, por la denuncia del miembro de la fundación “VIRMEC”, al mismo tiempo supimos que hay un déficit de más de un BILLÓN de pesos en la oficina de litigios de la policía nacional, de los dineros que el ministerio de hacienda gira para las reparaciones productos de demandas que tiene el ministerio de defensa policía nacional; bien sea, hay más de un billón de pesos que no aparecen y en tal sentido se estaría adelantando una investigación interna para hallar los responsables de ese déficit.
Creemos que las ÍAS están en mora de mostrarle al país, qué sucede al interior del ministerio de defensa con los dineros de reparaciones directas a víctimas de hechos donde miembros de las fuerzas militares y policía nacional, han sido condenados penalmente como responsables directos e indirectos de crímenes contra personas y/o comunidades específicas.
